Miles de personas salieron este fin de semana a las calles en varias ciudades españolas para protestar contra la privatización parcial del sistema sanitario público. La convocatoria, realizada por varias plataformas ciudadanas y sindicatos sanitarios, reunió a familias, jubilados, trabajadores de la salud y jóvenes preocupados por el futuro del sistema público. Las manifestaciones trascendieron las diferencias partidistas y reunieron a un amplio espectro de la sociedad.
Las pancartas, que ondeaban sobre la multitud, reflejaban la preocupación general con lemas como “La sanidad no se vende, se defiende” o “Por una salud pública y universal”. Al eco de estas consignas se sumaba la música de las batucadas y algunos discursos espontáneos de manifestantes. La protesta se desarrolló en un ambiente pacífico, sin incidentes reportados por las autoridades.
Entre las voces destacadas se encontraba Carmen González, enfermera y portavoz de una de las plataformas organizadoras. González denunció: “Estamos hartos de ver cómo se recortan recursos mientras se abren puertas a empresas privadas.” Según ella, la gradual entrada de fondos privados pone en jaque el acceso universal y equitativo a la salud, uno de los logros históricos de la democracia española.
Las razones detrás de estas movilizaciones son múltiples. Por un lado, los recientes anuncios gubernamentales sobre la colaboración con empresas privadas para gestionar servicios de salud preocupan a muchos usuarios. Organizaciones sanitarias argumentan que este proceso, lejos de mejorar la eficiencia, amenaza con segmentar la atención y perjudicar especialmente a los colectivos más vulnerables.
Por su parte, representantes del Ministerio de Sanidad han defendido la necesidad de recurrir a fórmulas mixtas ante el colapso de algunos servicios públicos, especialmente en regiones donde las listas de espera se han disparado tras la pandemia. Sin embargo, los manifestantes insisten en que la solución pasa por reforzar la sanidad pública y aumentar la inversión estatal en infraestructuras y personal.
Datos publicados recientemente muestran que España dedica un 6,9% de su PIB a la sanidad pública, situándose por debajo de la media europea. Las asociaciones profesionales advierten de que una mayor privatización podría fraccionar la atención, agravando las desigualdades ya existentes entre regiones y dificultando el acceso a tratamientos innovadores a quienes no puedan pagarlos de su propio bolsillo.
Durante la concentración, algunos médicos y enfermeros tomaron la palabra para relatar situaciones cotidianas. Ana Morente, médica de familia, expresó: “En nuestros centros faltan recursos básicos y personal. La privatización sólo incrementará estos problemas y podrá transformar el derecho a la salud en un privilegio para unos pocos.” Sus palabras recibieron una ovación entre los asistentes.
Desde la oposición política, se han sumado a las críticas responsabilizando al actual gobierno de la incertidumbre y de no escuchar las demandas de los colectivos sanitarios. En declaraciones recogidas por medios nacionales, varios portavoces han exigido que se convoque una mesa de diálogo y se ponga freno a cualquier iniciativa que suponga un retroceso en los derechos sociales conquistados tras décadas de esfuerzo.
Las protestas de este fin de semana se suman a un creciente movimiento en defensa de la sanidad pública en España. Ante el futuro, tanto organizadores como participantes han anunciado más acciones si no se revierte la tendencia privativa. El pulso entre sociedad y administración continúa, evidenciando que la salud pública sigue siendo un asunto central en el debate político y social del país.